lunes, 7 de febrero de 2011

Al abordaje (no a la Ley Sinde)



Partamos de algunas premisas básicas. Entre ellas, la de que quien suscribe no defiende ni comparte algunos de los argumentos manidos de quienes abogan por la maldenominada piratería sin profundizar lo más mínimo en sus argumentos.


Veamos:


Uno. Por cada quince o veinte grupos musicales cuyas obras puedo haber descargado de la red, no creo que haya visto en directo -aun teniendo oportunidad- ni siquiera a una tercera parte de ellos. Tampoco soy consumidor de su mercadotecnia, y puedo decir, sin reparo, que directa y conscientemente no han recibido un céntimo de euro por mi parte a cambio del disfrute de su trabajo. ¿Soy yo el único? ¿Es ésta una transacción justa? Quizá no del todo en una sociedad de mercado...

Dos. Una obviedad: La defensa de la "cultura libre" y demás términos rimbobantes no es, en el noventa por ciento de los casos, el motivo real por el que muchos se muestran a favor de la descarga de archivos en la red. Evidentemente, no hay mucho más aparte de la gratuitidad, algo que, sin discusión, nos gusta y conviene a todos. Basta con pasarse por algún acto cultural gratuito y ver pasar ante ti el mismo y eterno bucle de caras conocidas, los mismos que, pagando o no, sí son asiduos usuarios culturales. ¿El único problema es el precio de los productos?


Tres. Yo sí creo en el derecho de un creador a cobrar por su trabajo. Pero ojo, siempre que lo estime oportuno y en las condiciones que él, libre e individualmente, establezca. Nada de soluciones salomónicas ni imposiciones a cargo de organismos de gestión que, en mayor o menor medida, establecen siempre una cuota de reparto monetario que es siempre desfavorable a su supuesto objeto de defensa: la persona que crea a costa de incontables horas de esfuerzo.


Cuatro. No son precisamente las grandes empresas productoras las principales perjudicadas de las descargas. Más bien al contrario. Avatar, esa patochada azulona perpetrada por James Cameron, es, al mismo tiempo, la película más descargada en la red y la que más millones ha facturado en taquilla. Llevando la cuestión al extremo contrario, pensemos qué puede suponer para una discográfica de las llamadas independientes que se descargue de forma gratuita un porcentaje mínimo de su ya de por sí no extraordinaria -en términos comparativos- producción. Muy probablemente una reducción de costes que afectaría, como siempre, a determinados puestos de trabajo (la base de la base de eso tan bonito que llaman "estructura piramidal"). Haciendo la cuenta a lo grande, podemos imaginar cierto desastre laboral...


Cinco. Basta de "no me voy a comprar un disco bueno por cuatro canciones". Itunes funciona a pleno rendimiento, y yo mismo puedo asegurar que no he comprado un sólo tema en mi ya prolongada vida de internauta. Empiecen a sumarse al club.


Establecidas estas condiciones, entremos en materia a propósito de la llamada Ley Sinde. Esta ley, enmarcada dentro de la denominada Ley de Economía Sostenible -ya la podriáis haber sostenido antes, álmas de cántaro- fue aprobada el pasado veintiséis de Enero por PSOE, PP y CIU. Viendo los firmantes, ya se puede imaginar usted la fiesta...Aun así, se la explico.


En términos generales, la idea que subyace es la de siempre. Las descargas en la red suponen un fraude económico y el Estado -garante de las libertades y la igualdad, jejeje- ha de poner soluciones. Lo mejor es cómo lo hace. Según se establece en las dos versiones de la Ley llevadas al Congreso, por primera vez entra en juego un factor muy particular: la atribución al Estado -encarnado en su Ministerio de Cultura- de la potestad de participar en un proceso que debería, en exclusividad, competer a los jueces.


Mediante una comisión de expertos constituida unilateralmente por el Gobierno, éste se arroga el derecho de intervenir en el procedimiento, llegando a proponer a los jueces el cierre de las webs. ¿Puede existir un proceso judicial más condicionado? Pero hay más: en el improbable caso de que el juez determinara la equivocación de dicha Comisión y absolviera a los responsables de la web en cuestión, las costas del juicio correrían a cargo del Estado y no de la SGAE, como hasta ahora venía sucediendo. Es decir, que las pagamos nosotros. Una especie de "yo me lo guiso, yo me lo como" a cargo del contribuyente. ¿Alguien ha escuchado hablar de la separación de poderes? ¿Es ésta su visión de una "economía sostenible"? Bienvenidos al estado de derecho versión española.



Aceptando por tanto que la Ley Sinde -como el canon digital, mismamente-supone una falacia jurídica y una inadmisible intromisión del Estado en un terreno que no le compete, ¿apostamos los consumidores por la cultura self-service? Yo al menos no. Y ahí es donde reside el problema: en el establecimiento de una falsa dicotomía de conmigo o contra mí, o Ley Sinde o nada, por la que personalmente no estoy dispuesto a pasar. Sólo basta con escuchar y leer declaraciones de Luis Tósar, Javier Marías, Bardem o el nuevo adalid de la cultura española de calidad -contribuyendo con sus impuestos al florecimiento de la industria norteamericana, eso sí- Alejandro Sanz. Un victimismo barato, desinformado y demagógico, llegando a niveles de imbecilidad risibles, como en el último de los casos citados.


Porque sí, existen algunas soluciones. Pero no compensan,claro. Pensemos en CreativeCommons, un sistema de licencias que permite al creador establecer, individualmente, en qué condiciones quiere que se comercialice su trabajo. Desarrollemos todo el universo del copyleft, innovemos en soportes basados en la explotación publicitaria, como Spotify o Netflix; revisemos las cuotas de reparto de los organismos de gestión -tipo SGAE o CEDRO- y consigamos de esta forma abaratar los costes de los soportes y, sobre todo, seamos coherentes. Porque no se puede tergiversar la realidad impidiendo, y digo bien, impidiendo, que los usuarios disfruten de lo que es gratis PORQUE SUS CREADORES ASÍ LO HAN QUERIDO.
Tomemos un ejemplo: Debian, un sistema operativo de Linux que puede descargarse de forma libre. Accesible, funcional y, remarcamos, gratuito.El problema, cómo no, reside en la necesidad de contar con una velocidad de conexión considerablemente mayor de la que disfrutamos en España. Algo a lo que, sobra decir, la señorita Sinde se niega, arguyendo que "sólo queremos más conexión para poder descargar más rápido". Bill Gates todavía debe de estar aplaudiendo...


En fin, que entre idas y vueltas, creo que tan sólo falta dar voz a los creadores; no a los del gran stablishment creativo, sino a los que se patean ciudades y curran maquetas para poder ganarse dos duros. Valga el siguiente testimonio, perteneciente a uno de tantos que acabaron por integrarse en la dictadura comercial de las productoras:


"No culpo a la piratería de mi bancarrota (...).Como la gran mayoría de chiflados que malgastamos nuestro tiempo en locales de ensayo y nuestro dinero en instrumentos y amplificadores, prefiero la satisfacción personal de saber que alguien se molesta en escuchar mi música a las TREINTA PESETAS que me tocan por copia vendida (la cuarta parte si el disco es comprado de oferta o a través de una campaña de televisión".


Y mientras tanto, el inefable Teddy Bautista -con sus más de treinta años sin repasar qué es una semicorchea- disfruta de 250.000 euros anuales de sueldo y se asegura, en estos tiempos de bonanza que los curritos disfrutamos, de 24.500 euros al mes para su jubilación. Reparto equitativo de la riqueza. Ya.


En resumidas cuentas: la industria cultural requiere de ingresos, pero nunca a costa de algo que raya la ilegalidad y supone un trato abusivo al contribuyente. Si quieren que cuadren las cuentas, propongo al madrileño de Miami, al izquierdista de lujosos hospitales de Los Ángeles y allegados, que visiten y exijan responsabilidades con el mismo furor a quienes de verdad destruyen la industria cultural convirtiéndola en un coto privado que les llena el bolsillo.


Es fácil. Madrid. Palacio de Longoria.


Por ahí podemos empezar a entendernos...

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